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sábado, 5 de setiembre de 2009

En cuanto a las Normas y Procedimientos para el Control de las Empresas de Vigilancia Privada en Venezuela

Guardias de Seguridad Muchas han sido las especulaciones relacionadas con la reciente publicación en Gaceta Oficial Nº 39.251 del 27 de agosto del 2.009, de un conjunto de Normas y Procedimientos emanados de la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada para el Control y Funcionamiento de las Empresas de Vigilancia Privada, Protección y Transporte de Valores; especulaciones que tan sólo han contribuido a sembrar un clima de zozobra y confusión entre clientes, empresarios y la ciudadanía alrededor del destino de tal actividad y la legalidad de las empresas que en la actualidad ejecutan tales servicios.

Desde 1.975, fecha en que fuera publicado en Gaceta Oficial Nº 30.597 el Decreto 699, Reglamento de los Servicios de Vigilancia Privada, Protección e Investigación; el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Relaciones Interiores se reservó la potestad de autorizar, supervisar y controlar el sector de Vigilancia Privada y Transporte de Valores en Venezuela.

Fue así entonces, cuando este Ministerio dio inicio a una serie de Actos Administrativos conocidos como Resoluciones o Resueltos donde se comienza a otorgar la autorización a diversas empresas del sector privado para ejecutar labores Vigilancia, Protección de Propiedades, Traslado y Custodia de Valores previo una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento.

Así mismo, el mismo Decreto 699 “aún vigente”, faculta también el empleo y regula el tipo de armas destinadas a dichas labores cuya compra, tenencia y porte debe regirse por la Ley de Armas y Explosivos; mientras que la fiscalización de las armas recaía conjuntamente entre el Ministerio de Relaciones Interiores y Ministerio de la Defensa. Fue en ese entones, cuando la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada (DARFA) comienza a actuar como órgano auxiliar a los efectos de la supervisión y control de las armas; creando el Registro de las empresas de Vigilancia Privada y Transporte de Valores, asignándoles un numero de registro a cada empresa conocido como VP, que debe estar remarcado en las armas permisadas.

Mediante el mismo Decreto, surgen entonces las primeras disposiciones que comienzan a regular y procedimentar el uso de uniformes, las armas, su marcaje, tenencias y porte, los libros y parques de armas; así como la fiscalización anual de ambos entes rectores para el sostenimiento de la permisología correspondiente.

Pero en el año 2000, una vez promulgada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Artículo 324 le confiere a la Fuerza Armada Nacional la “potestad exclusiva” de reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

De modo que, si bien es cierto que la Providencia recientemente aprobada incorpora un reducido grupo de nuevas disposiciones a las ya existentes; el grueso de las normas y procedimientos son archiconocidas por los profesionales del sector ya que anteriormente eran Instructivos y Directrices de obligatorio cumplimiento ante la Dirección de Armas y Explosivos y/o la Dirección de Control de los Servicios de Vigilancia Privada del MRIJ.

En fin, podemos señalar que en la actualidad para operar en Venezuela como empresa de Vigilancia Privada se requiere en primer lugar la Autorización expresa del actual Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia; y sí, y solo sí; ésta empresa emplea armas de fuego debe estar también registrada y autorizada por la Dirección de Armas y Explosivos.

Cierto es que en la actualidad, ante la inexistencia de una Ley de Seguridad Privada, la discrecionalidad de los funcionarios y la demora de ambos entes rectores en atender las solicitudes introducidas por las empresas de Vigilancia Privada; un grueso de ellas se encuentren actualmente en proceso de renovación.

Documental Mundo Extremo Venezuela

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