viernes, 13 de septiembre de 2013

El negocio que existe detrás de los carros robados

 

 

Panorama.- “El sistema está hecho para que las personas no conozcan de la recuperación de los vehículos”, así de contundente se expresó un funcionario del Ministerio Público, tras explicar el negocio redondo que existe detrás de los estacionamientos judiciales, el robo y hurto de vehículos o la declaración de pérdida total.

El funcionario señaló que durante años, el sistema propuesto por las autoridades ha invisibilizado el auto recuperado, ya sea por “inoperancia o por conveniencia”. Al mismo tiempo, afirmó que la Fiscalía fue el primer organismo en hacer visible este problema, publicando la información en su página web www.mp.gov.ve —Listado de vehículos solicitados—, con un buscador inteligente para facilitar el proceso.

“Los listados del Cicpc son larguísimos, no disponen de buscadores, y además no te dicen dónde está el auto, en qué estacionamiento se encuentra, a diferencia de la página web de la Fiscalía, que sí aporta estos datos. Quizás algún funcionario pueda llamarte, pero si no te consigue, ¿cómo te enteras que las autoridades recuperaron el carro?”, cuestionó el funcionario, al señalar que era un sistema muy poco práctico.

Justo esta cadena, cuyos eslabones van entrelazados con procesos engorrosos, falta de funcionarios investigadores y peritos para realizar las experticias, meses de espera para la liberación de los vehículos y altos costos de los estacionamientos, alimenta el mercado ilegal de repuestos y favorece el caldo de cultivo para las bandas dedicadas al robo y hurto de automóviles.

Desde hace dos meses, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en compañía de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo de Justicia, emprendió una serie de allanamientos en distintos estacionamientos judiciales, localizados a lo largo y ancho del país.

El propósito de estas actuaciones es inspeccionar la condición de los autos, que se encuentran a la espera de la entrega a sus propietarios, y si los estacionamientos cumplen con los requisitos para actuar como depositarios judiciales. En ocho procedimientos se han recuperado más de 20 mil autos.

“Se van a revisar vehículo por vehículo para determinar el origen y la condición de cada uno de ellos y con la coordinación de todas las instituciones hacer lo que corresponda hacer”, indicó Rodríguez durante los primeros procedimientos. La evacuación de estos establecimientos debe realizarse en 15 días.
De acuerdo con declaraciones del titular del MIJ al diario PANORAMA, en estos locales existen en la actualidad 400 mil vehículos a la espera de sus dueños originales; sin embargo, un porcentaje de ellos está totalmente deteriorado y desvalijado, por lo cual, será convertido en cabillas para apoyar a la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Una fuente del Ministerio Público informó a este periódico que hasta los momentos mil 125 autos habían sido pasados al Fisco nacional, por tener totalmente desvastados los seriales, imposibilitando de esta manera identificar plenamente el carro.

“Hay mucha debilidad en las placas, lo que realmente identifica son los seriales, y justo en esta numeración radica el negocio con los carros robados. Los carros siniestrados que se encuentran legales le dan vida a los ilegales, que le han sido robados a sus dueños. Los delincuentes de carros solo trabajan con carros siniestrados llevados a los estacionamientos judiciales”, explicó el funcionario.

Por tal motivo, representantes del Ministerio Público introdujeron en el mes de abril una medida innominada ante el Tribunal 23 de Control del Área Metropolitana de Caracas, solicitando la prohibición de comercializar vehículos declarados como pérdida total, tras sufrir un siniestro o un hecho delictivo. La diligencia fue aprobada el 25 de mayo.

La solicitud fue fundamentada en que “la venta de despojos de vehículos constituye un elemento estimulante del robo y hurto, pues para tener vehículos en buenas condiciones, las bandas organizadas proceden a robar o a hurtar otros con características idénticas a las de aquellos que han adquirido como chatarra”, se lee en la revista número 16 del Ministerio Público, de este año.

De esta forma se busca frenar el círculo vicioso que alimenta a las bandas organizadas de robo y hurto de vehículos que operan en el territorio nacional, con el mismo modus operandi. Los vehículos que no puedan ser recuperados deberán ser sacados del registro de vehículos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. A partir de ese momento, el carro ya no existe.

Esto en virtud de que tras permanecer el auto por cierto tiempo en el estacionamiento judicial, por ley debe ser entregado al Fisco nacional y el Estado deberá pagar a los dueños del establecimiento los costos generados por el almacenamiento del carro; sin embargo, —generalmente— tales costos son subsanados con la entrega del mismo vehículo. “El Estado no tiene cómo pagar estos montos”, explicó la fuente de la Fiscalía.

De esta forma queda en manos de los dueños de los estacionamientos judiciales los seriales y papeles originales del auto siniestrado, que es entregado a los delincuentes dedicados al robo y hurto de vehículos, para traspasar “la vida” al nuevo vehículo y, así, ser vendido en el mercado de segunda mano a los mismos precios que uno legal.

“Quizás los dueños de estos sitios no sean delincuentes, pero se están beneficiando de un sistema perverso de delincuencia organizada. Tener un estacionamiento judicial es el mejor negocio, tienes que invertir, pero al final te quedas con los carros, te nutres de las chiveras, de las bandas y tienes hasta tus propias grúas, cuyo servicio también debe ser pagado por el dueño del auto”, sentenció el alto funcionario.

El titular de Interior y Justicia aseguró que los procedimientos que se llevan a cabo en los distintos establecimientos que existen en el país buscan intensificar el trabajo para desarticular las mafias dedicadas al robo de vehículos, ya que “uno de los eslabones de estas organizaciones se encuentra en los estacionamientos judiciales", expresó desde el local Junqui Único, donde se realizaron los últimos allanamientos.

Al ser consultado sobre el órgano responsable de supervisar estos locales, Rodríguez dudó al responder, no tenía precisada la información; sin embargo, un directivo del Ministerio Público presente en el allanamiento acotó que la responsabilidad le compete a la Dirección de Cultos del MIJ. El titular de la cartera de seguridad solo añadió que ese estacionamiento en cuestión tenía al menos “cinco años sin ser inspeccionado”. En el sitio solo se encontró más de 500 carros convertidos en chatarra.

Los dueños de ese estacionamiento, dos hermanos apellidados Manzo Díaz, tienen más de un mes privados de libertad por incurrir en hechos vinculados con desvalijamientos de carros. Uno de los comisarios del Cicpc presentes en el sitio recordó que ocho años atrás había recuperado en este mismo lugar un camión cargado de perfumes que había sido robado en la Autopista Regional del Centro por piratas de carretera.

Vecinos de Junqui Único afirmaron que la salida y entrada de vehículos a este estacionamiento era constante. “Todos los días se veían carros”. Sin embargo, para el momento del allanamiento solo se hallaron autos de vieja data en muy mal estado. La mayoría estaba desprovisto de los seriales, de piezas como motor, radiador y hasta de los asientos.
En este sentido, tanto la Fiscalía como el ministro de Interior y Justicia instaron a la población a denunciar hechos irregulares en torno a estos locales. Aseguraron que si los vehículos sufren algún daño en un estacionamiento de este tipo, los responsables deben ser denunciados, para acabar con este ciclo de corrupción.

“Entre las líneas estratégicas establecidas por el presidente Maduro estamos en un combate hace cien días frontal contra la corrupción y las mafias (...) Esta es una de las acciones contra las mafias que se han enquistado en este país para robar vehículos y hacer trampas en estos estacionamientos judiciales”, subrayó el responsable de la supervisión de estos establecimientos.

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