martes, 15 de octubre de 2013

Desde cárceles extorsionan a empresarios de los altos mirandinos

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Según investigación, "pranes" desde las cárceles ordenan a delincuentes seguir a potenciales víctimas

El Universal.- De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por el comisario Argenis Guillén, ex director de Polisalias, los pranes de los centros penitenciarios de la región central, entre ellos, el Internado Judicial de Los Teques, son los jefes de las bandas, dedicadas a la extorsionar a los empresarios de los Altos Mirandinos.

Detalló que los pranes desde la prisión se encargan de presionar a los dirigentes sindicales del sector de la construcción para que incluyan entre los obreros a antisociales, quienes se dan a la tarea de suministrar información sobre los perfiles de los empresarios.

"Estos sujetos que actúan como investigadores hacen un sondeo de aquellos industriales que no disponen de mucho personal de vigilancia y son más fáciles de secuestrar o pedir dinero. Esos datos los manejan los pranes y son completados con referencias que consiguen a través de las redes sociales".

No solo los comerciantes e industriales portugueses son blanco de amenazas para el cobro de vacuna, también los chinos de forma constante son objeto de amedrentamientos por parte de estos sujetos que se hacen pasar por obreros y que actúan bajo el mandato de los "pranes".

"El municipio Guaicaipuro es la jurisdicción donde este delito ha cobrado mayor auge porque los empresarios pagan hasta 50 mil bolívares mensuales para proteger su integridad y la de su familia, seguido por Carrizal y San Antonio de los Altos", señaló el comisario.

Comentó Guillén que ha conversado con los propietarios de las panaderías de la zona y algunos dicen que prefieren pagar la vacuna que contratar un escolta.

"En entrevista con un comerciante me dijo que prefería pagar 5 mil bolívares de vacuna que cancelarle a un funcionario de seguridad para que proteja a su negocio y a la familia", afirmó.

Guillén sentenció que la única forma de hacerle frente al delito de extorsión que está ganando terreno en la subregión altomirandina, es que las víctimas denuncien. "Si no hacen reclamos a las autoridades respectivas, es imposible investigar y castigar a las mafias que están detrás de estas amenazas. Los comerciantes por temor a su integridad se abstienen a acudir al Cicpc, se quedan callados y prefieren continuar pagando las jugosas mensualidades a estos grupos delictivos".

El jueves, fue asesinado en San Antonio, a las puertas de su empresa, Juan Ribas, de 44 años. En este caso, la policía maneja como uno de los posibles móviles el de la extorsión que el infortunado se habría negado a pagar. Le dispararon sin intento de robo y sin que mediaran palabras.

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