lunes, 11 de noviembre de 2013

70% de los homicidios en Venezuela quedan impunes

La falta de investigadores y recursos retardan las averiguaciones.

El Universal.- "Perdí la fe en la justicia, no creo en nadie, a los responsables de la muerte de mi hijo no los van a encontrar. Me lo mataron y nada de lo que haga me lo devolver". Este testimonio corresponde a Virginia Lugo, madre de Iván Pedroza, un joven que fue asesinado en el barrio José Félix Ribas de Petare el pasado mes de octubre. Como esta son las impresiones de la mayoría de las personas que lloran la muerte de un ser querido producto de la violencia que se registra en el país.

Las historias que se recogen en la morgue de Bello Monte, tienen incrustadas expresiones de desesperanza ante las pocas posibilidades existentes de que los responsables de los crímenes cometidos sean castigados. Según el comisario Elisio Guzmán, director de Polimiranda, 70% de los homicidios registrados en el país quedan impunes.

Desde el mismo momento en que se comete el delito hay impunidad. Esto se refleja cuando el cadáver pasa entre cuatro y cinco horas a la espera de ser levantado por los técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), debido a la falta de personal y de vehículos. Una vez que lo llevan a la medicatura forense los familiares deben esperar hasta dos y más días para la entrega del cuerpo ante el déficit de patólogos.

Por otra parte, durante la fase de averiguaciones está el dilema de la escasez de material para someter a estudio las evidencias colectadas en la escena del crimen. Aunado a ello, no hay suficientes investigadores, según lo explica Guzmán.

Hasta el año 1999, cuando Guzmán dejó la dirección nacional del Cicpc, había 3.000 investigadores. Desde ese entonces la cifra de especialistas en investigación criminal solo se ha incrementado a cuatro mil, cuando debería triplicarse en la medida en que el delito aumenta y va en ascenso la población. En la actualidad, el cuerpo detectivesco tendría que disponer de al menos 12 mil hombres para estudiar los casos, significa que tiene un déficit de 8.000 efectivos.

Algunos casos son complejos. El número de expedientes supera con creces la cifra de personal para estudiarlos. Estas son algunas de las razones de peso por las cuales muchos casos se quedan sin resolver.
Para Alfredo Ruz, miembro de la Red Justicia y Paz, esas trabas provocan el desgaste de los familiares de las víctimas que ante la demora, porque pasan meses y hasta años a la espera de que los culpables sean encarcelados, optan por abandonar la lucha. "Además hay que considerar que esa fase implica inversión de tiempo y dinero por traslados al Cicpc y a la Fiscalía en búsqueda de justicia. En ese ínterin la policía dice que no consigue a nadie o como excusa que la víctima fue abatida en un enfrentamiento, sin hacer un trabajo exhaustivo para identificar y dar con el paradero de los responsables", explica Ruz.

Agrega que de los mil casos que acompaña la referida organización, dedicada a la defensa a las víctimas de ajusticiamientos y torturas por parte fuerzas policiales y castrenses, solo 10% de los parientes de las víctimas tienen la voluntad de continuar con la lucha y llegar a la segunda fase: la imputación y condena de los responsables, una vez que son aprehendidos.

Explica que las audiencias preliminares suelen suspenderse entre ocho y 10 veces por falta de traslado del imputado o porque tanto la defensa o la parte acusadora no se presentan. No hay sanciones para los que no asisten. Una vez que el caso pasa a juicio, tarda varias semanas, mientras llega el expediente al tribunal que le corresponde y se hace el sorteo para saber qué juez se encargará de emitir el juicio. "En promedio desde que ocurren los hechos hasta que se dicta la sentencia final, pueden transcurrir seis años, lo cual requiere de paciencia, recursos y apoyo moral por parte de los parientes de las víctimas". Comenta Ruiz que entre los años 2000 a 2012, la organización ha atendido 236 casos de ejecuciones extrajudiciales y menos de 10% de los responsables han ido a sentencia.

Por NATALIA MATAMOROS

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