lunes, 31 de marzo de 2014

Criminalidad no ha disminuido durante la crisis política

Una de las consecuencias inmediatas de la conflictividad política reportada en el Distrito Capital desde el 12 de febrero fue la disminución de las denuncias sobre delitos comunes. Pero según expertos consultados y las estadísticas de la policía científica no ha ocurrido una reducción de la criminalidad. Por el contrario, en algunos casos se registra un incremento, pero los ciudadanos no denuncian porque ahora desconfían más del sistema de justicia.

Cifras de las subdelegaciones del Cicpc conocidas de manera extraoficial indican que en febrero iniciaron en total 1.837 expedientes, sin contar los casos de homicidio. El promedio diario fue de 66 casos.

Esas mismas estadísticas indican que en los primeros 12 días de febrero, cuando aún no estallaba la ola de protestas y bloqueos de vías en la capital, el promedio diario de casos conocidos fue de 70. En la semana siguiente al 12 de febrero la cifra de denuncias ante el Cicpc bajó a 62 al día (10% menos).

El criminólogo de la Universidad de Los Andes Freddy Crespo explicó que en épocas conflictivas las disminución de denuncias formuladas ante las autoridades no es un indicador sobre una merma real del delito, sino que en ese contexto la población se abstiene de acudir a las autoridades porque las perciben como parcializadas hacia un bando del conflicto: “Esa percepción se alimenta cuando se ve a los policías junto a los motorizados que rompen vidrios en los estacionamientos, y se oye a los representantes del Ministerio Público decir que no investigan pues nadie denuncia. Todo se vuelve un círculo vicioso”.

Luis Izquiel, criminólogo, coincidió con Crespo y añadió que la disminución de las denuncias se corresponden con el desprestigio de las instituciones de justicia del país. “Declaraciones como las de la fiscal general y de la defensora del pueblo han golpeado la credibilidad del sistema de justicia venezolano. La cifra negra va en aumento en medida en que las instituciones han sido desprestigiadas”, dijo.

Muertes violentas y lesiones. Hasta el momento, la confrontación política pareciera no tener incidencia en las estadísticas generales de muertes violentas reportadas en el Distrito Capital. En febrero, cuando el conflicto se expresó en manifestaciones diarias y bloqueos de vías, hubo 394 muertes violentas en el Area Metropolitana, 20,5% menos que el total del mismo mes en 2013. En enero pasado se registraron 412 muertes, 7 menos que las del primer mes del año anterior.

Curiosamente, las muertes violentas han sido más en la medida en que las protestas con barricadas han cedido en Caracas. Una muestra de ello es que el primer fin de semana de marzo fueron trasladados a la morgue 27 cadáveres, mientras que el cuarto fin de semana de ese mes la cifra fue de 47.

En cuanto a las averiguaciones sobre de violencia interpersonal se ha observado un repunte a partir del 13 de febrero, indican las estadísticas de la policía científica en Caracas. Esos expedientes pueden ir con el rótulo de lesiones, violencia genérica e incluso violencia contra la mujer cuando las víctimas son atacadas como consecuencia de discusiones políticas.

En los primeros 12 días de febrero fueron iniciados 151 expedientes sobre ese tipo de delitos, que representaron 18% del total general correspondiente a ese mes. Desde que comenzaron las manifestaciones hasta el final de ese mes hubo 199 denuncias, que ocupan 20% de la estadística.

Las subdelegaciones que recibieron más reportes sobre violencia interpersonal a partir del 13 de febrero fueron El Paraíso, con 41; y El Llanito, con 38. En ambas jurisdicciones fueron procesadas denuncias concretas de lesiones asociadas a hechos de confrontación política.

Rio revuelto. Uno de los lugares donde la protesta se intensificó a partir del 12 de febrero fue la plaza Francia de Altamira. Según el director de Polichacao, Einer Giuliani, eso se prestó para numerosos asaltos contra los manifestantes. Indicó que fueron detectadas bandas dedicadas a arrebatones y hurtos. El bien más codiciado fue el teléfono celular.

Desde el 12 de febrero ese cuerpo de seguridad municipal ha recibido 67 denuncias de hurto de celulares durante las protestas. Eso lo convierte en el delito más común en esas situaciones.

Las denuncias van más allá del hurto. Muchos también aseguran que hay grupos que se hacen pasar por manifestantes para delinquir en las actividades de calle. “Hay bandas que aprovechan la anarquía o las marchas para robar o incluso ejecutar robos a mano armada en medio de la confusión de la situación de masas”, explicó el criminólogo Luis Izquiel.

A partir del 12 de febrero y durante varios días los cuerpos de seguridad municipales y regionales y el Cicpc estuvieron en acuartelamiento por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En la práctica, la actuación en las calles se redujo a situaciones de emergencia, previa autorización del despacho ministerial.

“Patria Segura incluye a la GNB, y en el patrullaje inteligente también está involucrada la GNB y la PNB, que actualmente están dedicadas a reprimir las protestas, lo que hace que disminuya la presencia en los puntos de seguridad”, agregó Izquiel

Por Gustavo Azócar

viernes, 7 de marzo de 2014

Armas ensombrecen agitación política en Venezuela

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Colectivos motorizados avanzan tras unidades de la Policía Nacional en el centro de Caracas.

IPS.- Siete de los 20 muertos en la agitación callejera que vive Venezuela desde la segunda semana de febrero, recibieron balazos en la cabeza, una muestra de cómo las armas acompañan la lucha política en este país petrolero.

La Fuerza Armada y las policiales, más unos pocos miles de civiles autorizados, portan legalmente armas de fuego, pero hay diseminadas cientos de miles de armas ilegales, quizás millones, según Amnistía Internacional.

La Constitución de 1999 “prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, dijo a IPS el activista Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea.

Pero, ¿quién tiene o emplea las armas mientras algunas áreas urbanas muestran, cada atardecer, humo de granadas lacrimógenas mezclado con el de barricadas que arden y el resueno de disparos que hacen desconocidos desde vehículos, principalmente motocicletas?

El primer baleado, el 12 de febrero, fue el carpintero Bassil Dacosta, cuando culminaba una marcha opositora en el centro de Caracas. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política) estaban presentes en el lugar –ignorando una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro—, así como miembros oficialistas denominados genéricamente como “colectivos”.

La inmensa mayoría de los colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes del oficialismo, que apoyan tareas sociales del gobierno o desarrollan las propias.

La segunda víctima, en el mismo escenario, fue Juan Montoya, líder de uno de esos colectivos e identificado con una credencial de la policía caraqueña.

Siguieron, en los estados centrales de Carabobo y Aragua, una joven modelo que debutaba como manifestante, un vecino que cerraba el portón de su urbanización al acercarse motoristas hostiles, y un sargento de la Guardia Nacional cuando despejaba escombros en una barricada.

Una estudiante murió por perdigones disparados a quemarropa, los heridos por proyectiles con plomo o plástico son decenas.

La represión de las manifestaciones en más de 50 centros urbanos está principalmente a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad interna semejante a la policía de Carabineros de Chile o a la Guardia Civil española, y un componente de la Fuerza Armada junto al ejército, la marina y la aviación.

La Fuerza Armada, sumando sus distintos componentes, cuenta con unos 135.000 efectivos en este país de casi 28 millones de habitantes.

Dentro de la Guardia Nacional ha estado muy activa frente a las protestas la Guardia del Pueblo, creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez (1954-2013) para funciones de vigilancia y seguridad ciudadana.

También actúa la Policía Nacional Bolivariana, creada en 2009, en tanto deben abstenerse por ley los cuerpos policiales regionales y municipales, algunos de ellos bajo jurisdicción de alcaldes opositores.

Pero la novedad, por su despliegue en Caracas y en media docena de ciudades del interior, la constituyen los colectivos, grupos de civiles que se identifican como oficialistas y cuyos integrantes, desplazándose en motocicletas y con armas en la mano, han actuado contra manifestantes, comercios, residencias y vehículos en barrios opositores.

“El patrón de conducta de esos grupos ratifica la tesis de una muy probable coordinación con la Guardia del Pueblo para actuar al margen de la Constitución, con su exhibición y uso de armas de guerra”, dijo a IPS la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel.

Algunos de esos grupos surgieron en la barriada popular 23 de Enero, en el oeste de Caracas, a partir de remanentes de guerrillas urbanas anteriores a la llegada de Chávez al gobierno, en 1999, y ejercen control de pequeñas parcelas de territorio.

“Son bandas parapoliciales, que controlan desde la seguridad  hasta el microtráfico de drogas y otros delitos en sus espacios, al margen de la autoridad del Estado, y se escudan para ello en una supuesta lealtad al oficialismo”, dijo a IPS el director de la organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño.

Luego del asesinato de Juan Montoya, algunos de sus compañeros del colectivo Leonardo Pirela en la barriada 23 de Enero velaron el ataúd vistiendo ropa de camuflaje y pasamontañas y con armas cortas simuladas en sus bolsos.

Cuando el cortejo pasó frente al “territorio” de La Piedrita, otro colectivo, fue saludado con un minuto de disparos al aire, ostentación de armas largas y cortas y derroche de municiones.

“No tenemos armas en estos momentos. Pero si la democracia venezolana, al igual que en 2002, se ve afectada por un golpe de Estado, vamos a sacar nuestras armas, nuestras capuchas. Tenemos las armas, pero guardadas. Están en manos de otras organizaciones revolucionarias del hemisferio”, dijo el activista Alberto Carías.

Carías preside el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un grupo escindido del Movimiento Revolucionario Tupamaro, que se extendió desde 23 de Enero por todo el país como un partido legal y electoral de izquierda, en apoyo de Chávez y de Maduro.

Los opositores llaman indistintamente “tupamaros” o “colectivos” a los grupos civiles que los enfrentan y desmontan sus barricadas y ese lenguaje se ha extendido por las ciudades donde se multiplicaron las protestas.

Pero la inmensa mayoría de los colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes del oficialismo, que apoyan tareas sociales del gobierno o que desarrollan las suyas, según investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación.

Cuando comenzaron las protestas, el presidente Maduro alertó contra la “demonización de los colectivos”, pero el 5 de marzo les hizo un llamado expreso en medio de un discurso con el que recordaba el aniversario de la muerte de Chávez.

“Llamo a las UBCH (Unidades de Batalla Chávez, células del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela), a los consejos comunales y a los colectivos: candelita (fuego) que se prenda, candelita que se apaga”, dijo el mandatario.

En cuestión de horas, grupos de civiles en motocicletas acudieron a desmontar barricadas que los opositores alimentan con bolsas de basura que incendian, en Caracas y en ciudades del sudoeste.

Este jueves 6, en un tiroteo junto a algunas de esas barricadas en el este caraqueño, murieron un motociclista y un efectivo de la Guardia Nacional, otra muestra de respuesta violenta desde el bando opositor.

Alvarado advirtió que “al convocar a civiles para repeler las protestas, el presidente viola la Constitución, que entrega el control del orden público a policías uniformadas”.

Oficiales retirados que integran agrupaciones opositoras alegan que Maduro apela a esos grupos civiles porque merma su respaldo en las fuerzas armadas convencionales, sobre todo en la aviación, la marina y parte del ejército.

Según el diario El Nacional, dos coroneles de la Guardia Nacional fueron arrestados por protestar ante los excesos de la represión.

Por Humberto Márquez

domingo, 2 de marzo de 2014

Manejar y hablar por teléfono es tan peligroso como hacerlo ebrio

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El uso de celular es la principal causa de distracción de la gente al volante.

El peligro de utilizar un celular mientras se conduce puede ser mucho más grave que manejar alcoholizado. Aunque lo parezca, no es una exageración. Así lo demostró un estudio realizado en el Reino Unido que determinó que la distracción que genera un celular es peor que los efectos que provoca manejar con el límite permitido de alcohol en sangre. El estudio forma parte de un informe que el año pasado difundió la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominado “Teléfonos Móviles, un problema creciente en la distracción de los conductores”.

Es que el uso del celular al volante es un problema mundial y el nivel de preocupación llegó tan alto que la OMS difundió este informe para alertar sobre los peligros de hablar mientras se maneja un auto. En todo el mundo, cada año mueren 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito. Y hablar por teléfono es la principal causa de distracción al volante. Mucho más grave que leer los carteles de publicidad, tomar mate o encender la radio.

El informe de la OMS incluye una serie de estudios realizados en todo el mundo. Uno de ellos es el que llevaron adelante investigadores del Reino Unido. Aunque aclara que a diferencia del alcohol, el uso del celular tiene un efecto limitado a la duración de la llamada, los investigadores concluyeron que “las alteraciones en el comportamiento del conductor producidas por el uso del teléfono celular son tan profundas como las ligadas a la conducción bajo los efectos del alcohol”.

Para la OMS, “distraerse” no es una cuestión menor. Implica que el conductor tendrá que dividir su atención entre una “tarea principal”, conducir, y una “secundaria”, hablar por teléfono. Así, una persona que maneja a 130 kilómetros por hora y realiza una llamada telefónica de apenas un minuto, habrá circulado más de 2,1 kilómetros sin estar totalmente concentrado en lo que estaba haciendo.

Pero si hablar ya resulta peligroso, mucho peor es enviar mensajes de texto. La OMS señala que “el tiempo que los conductores desviaban la mirada de la carretera aumentó en un 400 por ciento cuando recuperaban o enviaban mensajes de texto”. Pero además, el 28 por ciento de los conductores invadieron el carril contrario o realizaron cambios incorrectos en el 140 por ciento de los casos.

Otro estudio de simulación, también en el Reino Unido, mostró que los conductores de entre 17 y 24 años eran quienes más utilizaban el celular para enviar o leer sms. Entre ellos, se detectó que la mayoría sufría una “reducción en su capacidad para mantenerse en el carril adecuado y para mantener la distancia de seguridad con el siguiente vehículo”, además de un aumento en el tiempo de reacción. “Concretamente, se halló que el envío de mensajes de texto provocaba un incremento del tiempo de reacción de un 35 por ciento”, agregaba el estudio.

Entre los distintos efectos que el celular provoca al conducir, la OMS señala que se necesita más tiempo para reaccionar y detectar situaciones inesperadas, dificultad para mantener una velocidad apropiada, reducción del campo de visión de los laterales y menor distancia con los otros vehículos.

Clarín.com | por MARIANA GARCÍA

Documental Mundo Extremo Venezuela

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